Sesión 1422 19-03-15 Especial STJ

Reunión n° 1422

Sesión especial n° 3/15

43° Período de Sesiones Ordinarias

19 de marzo de 2015

 

 

Presidencia

 

Dr. César Gustavo Mac Karthy

Vicegobernador de la Provincia

Presidente de la Honorable Legislatura

 

 

Secretarios

 

Lic. Edgardo Antonio Alberti

Sr. Raúl Alejandro Fernández

 

 

DIPUTADOS PRESENTES

 

ALE, Juan Luis

BARROSO, Ana María

CISNEROS, Javier Eliseo

CRESPO, Miryhan Beatriz

DANIEL, Eduardo Nelson

GALLEGO, Clara Mónica

GARCÍA, Jerónimo Juan Jesús

GÓMEZ, Carlos

INGRAM, Roddy Ernesto

JARA, Vicente

JOHNSON TÁCCARI, Alejandra Marlene Denice

KARAMARKO, José Antonio

LIZURUME, José Luis

LLANES, María José

MARIÑANCO, Adolfo

MARTÍNEZ, Argentina Noemí

MONTES SEGOVIA, Anselmo del Carmen

MUÑIZ, Gustavo Javier

PETERSEN, Oscar Carlos

REYES, Gustavo Adolfo

RISSO, Roberto Carlos Aquilino

ROMERO, Haydeé Mirtha

SOTOMAYOR, Félix Ernesto

TROTTA, Héctor Claudio

VILLAGRA, Exequiel

 

 

DIPUTADOS AUSENTES

 

DI PERNA, Raquel Anahí

WILLHUBER, Elva Noemí

 

 

 

SUMARIO

 

 

I - APERTURA DE LA SESIÓN

 

 

II - MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, DOCTOR JOSÉ LUIS PASUTTI

 

 

III - CIERRE DE LA SESIÓN

 

 

 

- I -

APERTURA DE LA SESIÓN

 

- En Rawson, en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura del Chubut, a diecinueve de marzo de dos mil quince, siendo las 9:30 dice el

 

  1. PRESIDENTE (Mac Karthy): Buenos días a todos y a todas.

Con la presencia de diecisiete señores diputados en el recinto, nueve en la casa y un ausente con aviso, se declara abierta la sesión especial convocada para que el señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia brinde el informe previsto según el artículo 181° de la Constitución Provincial.

Ya se encuentra en esta Casa el doctor José Luis Pasutti, Presidente del Superior Tribunal de Justicia, a quien invitamos a ocupar este sitio.

 

- Ingresa en el recinto el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor José Luis Pasutti, y ocupa su lugar en el sitial de Presidencia.

 

- II -

MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, DOCTOR JOSÉ LUIS PASUTTI

 

  1. PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA (Dr. Pasutti): Señor Presidente de la Honorable Legislatura, señores diputados, señores ministros del Superior Tribunal, jueces, funcionarios, señores miembros del Poder Ejecutivo Provincial, miembros del Consejo de la Magistratura, Fuerza de Seguridad, abogados, señoras y señores: tengo el honor, una vez más, de asistir a esta Legislatura para que, de conformidad a lo previsto en el artículo 181° de la Constitución Provincial, pueda informar acerca de las actividades del Poder Judicial durante el último año en que ejercí como Presidente del Superior Tribunal de Justicia. Asimismo, cumpliendo acabadamente con nuestra Carta Magna, entrego por escrito el mensaje, con copias suficientes para los señores diputados y para la difusión institucional. Cuenta con un anexo con estadísticas y mediciones, que me eximen de repetirlo, y de tal forma haré mi exposición con definiciones conceptuales que considero conveniente hacer conocer a los representantes del pueblo.

Se acompañan igualmente informes que obran en el anexo del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.

 

Introducción

 

En el orden preliminar estimo oportuno hacer una breve reflexión respecto del rol que la Constitución les asigna al Poder Legislativo y al Poder Judicial, estructurando una serie de controles mutuos que construyen la armonía que debe existir dentro de un sistema republicano.

Es por ello que en esta introducción haré una referencia sucinta de la función esencialmente política de los legisladores y la actividad jurídica de los magistrados, que marcan diferencias, controles mutuos y puntos de encuentro.

Ningún Poder es más importante que otro; todos tienen un mismo rango y ejercen un rol insustituible.

Cuando se trata de hacer depender la función de uno de esos Poderes al designio de otro, el estado de derecho está en peligro.

La doctrina de los Estados Unidos de Norteamérica, primera república de la historia y de la cual nuestros constituyentes de 1853 tomaron el modelo, tal como lo expresó en aquellos años fundacionales el convencional constituyente doctor José Benjamín Gorostiaga en la fundamentación del artículo 1° cuando manifestó que “… esta constitución está vaciada en el molde de la constitución norteamericana”, y que la doctrina denominó a este orden institucional como: “… de los balances y contrapesos: check and balance”.

A efecto de aventar cualquier mala interpretación de mi pensamiento, manifiesto que soy absolutamente respetuoso de la actividad política, que cuando es honesta y no se desvía de su fin esencial, tal como es la búsqueda del bien común, debe ser valorada y respetada. Su legitimación es directa y se basa en el voto popular.

Este respeto por la actividad política no sólo lo pregono como una declaración intelectual, sino que la ejercí efectivamente.

Inicié mi vida pública como Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Trelew, cuando se recobró la democracia el 10 de diciembre de 1983, y tuve el altísimo honor, años después, de ser dos veces diputado provincial y Vicepresidente Primero de este Cuerpo.

El Poder Legislativo tiene como función esencial la de sancionar normas de conductas generales y abstractas, las leyes, que todos debemos observar en nuestro accionar cotidiano y que los jueces tenemos el deber de respetar y hacerlas cumplir.

La actividad jurisdiccional la desarrolla otro Poder del Estado, el Poder Judicial. Ésta se relaciona estrechamente con la función legislativa, ya que aplica el mandato abstracto de la ley al caso concreto.

En tanto, la legitimación de los magistrados es indirecta ya que es dada por los representantes del pueblo mediante el acuerdo legislativo, que en nuestra provincia se ve reforzada por la presencia de consejeros populares -en el Consejo de la Magistratura, entidad que cumple una función muy importante y muy bien, por cierto- electos en forma directa y con la mayoría calificada en la designación de quienes conducen el Poder.

A su vez, el Poder Legislativo no sólo legitima la designación de los magistrados a través de los acuerdos, sino que en caso de haber causales para la remoción de los miembros del Superior Tribunal de Justicia y de los Ministerios Públicos, Fiscal y de la Defensa, se constituye en Tribunal de Juicio Político. Es decir que este Poder ejerce en esa circunstancia una alta función de esencia jurisdiccional.

Por otra parte, el Poder Judicial está dotado de una herramienta para controlar la constitucionalidad de las leyes, en forma difusa y mediante la acción de inconstitucionalidad, de competencia exclusiva y excluyente del Superior Tribunal de Justicia, que tiene efecto derogatorio cuando se dicta por dos veces consecutivas o tres alternadas.

Los jueces somos…

 

- Expresiones en las barras.

 

…extremadamente prudentes cuando debemos proceder de esta manera, ya que somos conscientes de que de una…

 

- Expresiones en las barras.

 

  1. PRESIDENTE (Mac Karthy): Por favor, mantengamos el silencio para que pueda continuar con su alocución el doctor Pasutti.

 

  1. PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA (Dr. Pasutti): Los jueces somos extremadamente prudentes cuando debemos proceder de esta manera ya que somos conscientes de que de una u otra manera estamos perforando la coraza de la división de Poderes.

 

Judicialización de la política

 

Un tema que no puedo dejar de señalar, la judicialización de la política. Un hecho muy particular se está dando en los últimos años, y no es una circunstancia exclusiva de la Provincia de Chubut, ya que de una simple lectura de las noticias diarias veremos que acontece también en el orden nacional, como en otras provincias y municipios.

Esto ha sido comentado por notables juristas, tal el caso del doctor Eugenio Zaffaroni, quien se manifestó al respecto diciendo lo siguiente: “…si la Justicia se deja llevar por el narcisismo y pretende resolver todos los problemas que no le corresponden, no se podrá resolver nada”, o “…el fenómeno de judicialización de la política es mundial y se da cuando segmentos de los sectores políticos no logran resolver los problemas y los remiten cada vez más a la Justicia, con el riesgo de producir un desgaste en la Justicia y también en la política”.

Según mi criterio, no es saludable este traspaso de las decisiones de un Poder a otro para resolver asuntos fundamentalmente políticos, ya que se está sustituyendo la voluntad de legisladores o partidos políticos por la de los jueces. Es verdad que los magistrados, especialmente los del órgano superior, somos los últimos intérpretes de la Constitución Provincial y, como tales, no podemos dejar de fallar en tiempo oportuno sobre los temas que se nos traen a conocimiento.

Con esto estoy marcando simplemente el ideal de que lo político y lo jurídico transiten por los andariveles que le corresponde a cada uno, sin que ello condicione nuestro deber ineludible de fallar cuando se nos da intervención.

 

Funcionamiento del Poder Judicial

Conflicto con magistrados y empleados

 

Debo en primer lugar señalar que ha sido un año difícil en general para el Poder Judicial, no en la faz jurisdiccional ya que todos los organismos están funcionando dentro de los estándares razonables y requeridos, aun dentro de la conflictividad interna que existe en virtud del amparo presentado por jueces y funcionarios, y las medidas de fuerza que frecuentemente toman los empleados.

Pero -insisto- ninguna de estas acciones ha provocado denegatoria de justicia hacia los ciudadanos, que en definitiva son el centro de nuestra preocupación.

 

- Expresiones en las barras.

 

Buscando una forma de encauzar y finalizar este conflicto, recientemente hemos elaborado la Acordada n° 4270/15, a través de la cual se ajustan los aumentos salariales a los otorgados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

- Expresiones en las barras.

 

Esto permite manejar una base objetiva incuestionable. Este método ya ha sido puesto en vigencia en muchas provincias argentinas, tales como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Cruz, entre otras.

 

Falta de aprobación del presupuesto judicial

 

Por otro lado, es público y notorio que cerramos tres ejercicios -y vamos transitando el cuarto- sin la aprobación de los presupuestos que remitimos a esta Legislatura, habida cuenta de que son la herramienta principal de gobierno de todo Poder, y sin la cual es imposible llevar adelante un plan racional de funcionamiento y de crecimiento organizado.

Las diferencias sustanciales se suscitan en la masa salarial, que se ve condicionada fuertemente por las sentencias judiciales de los magistrados respecto a la intangibilidad salarial, y que se traslada a toda la escala de haberes en función a la Ley de Porcentualidad, actualmente en vigencia, que por lo tanto no podemos desconocer.

De cualquier manera, opino que este conflicto no será solucionado en forma definitiva si no existe un trabajo coordinado de los tres Poderes del Estado, ya que es necesario llevar adelante acciones del Poder Judicial acompañado por el Poder Ejecutivo, que es quien recauda los fondos, y del Poder Legislativo, para promover los instrumentos legales que viabilicen y cierren definitivamente esta delicada problemática. Si no se logra esto, cualquier arreglo será precario e inestable.

Debo señalar que en todos los casos el gasto consolidado coincide en líneas generales con los presupuestos que enviamos para su aprobación, con lo cual nos queda la tranquilidad de que nos asistía la razón.

Corresponde, finalizando este punto que acabo de exponer, la siguiente reflexión: ¿qué es lo que le está sucediendo a nuestro sistema político y a quienes lo representamos para que no se logren coincidencias básicas que permitan obtener una aprobación presupuestaria, situación que no registra precedentes?

Al Poder Judicial le ha tocado navegar sin brújula prácticamente durante un período electoral, reformulando cargos para poder funcionar y conviniendo con el Poder Ejecutivo el traspaso de partidas cuando fuera necesario.

Es por ello que sería oportuno establecer un diálogo interpoderes para enderezar esta cuestión, que está atascada, teniendo presente que lo peor que podemos hacer es no hacer nada.

 

- Expresiones en las barras.

 

Errores del Digesto Jurídico

 

Otro tema central y trascendente en cuanto a los tópicos que incumben a ambos Poderes -Legislativo y Judicial- es el de la aplicación del Digesto Jurídico cuando se observan errores.

Recordemos que el Poder Judicial fue oportunamente invitado a participar en la financiación del “Digesto Jurídico de la Provincia del Chubut”. De tal forma se rubricó un convenio entre los tres Poderes del Estado, en el convencimiento de que cualquier ordenamiento de la legislación provincial es auspicioso y bienvenido.

Debo aclarar que nuestra función fue la de aportar económicamente un porcentaje del precio cobrado por quienes realizaron dicha tarea, pero que nada tuvimos que ver con la elección de la metodología de trabajo ni la forma de presentación del nuevo ordenamiento.

Una vez puesto en vigencia tan importante trabajo, notamos errores que alteraban la voluntad histórica del legislador, ya que se habían derogado leyes vigentes y, a su vez, se habían incluido leyes derogadas, lo que hacía prever acciones judiciales altamente perjudiciales para la Provincia.

No tardó en ocurrir que este Superior Tribunal de Justicia, en el fuero Contencioso Administrativo recibiría una andanada de acciones judiciales contra el Estado Provincial que, de aplicarse una interpretación formal, lo hubiera afectado fuertemente.

Llevamos adelante un meduloso estudio que permitió concluir sobre tan delicado asunto con un principio base que señala que “… un error no otorga derechos…”.

Sin embargo, el Estado Provincial debe pagar las costas que, en este caso, tienen cientos o miles de actores, ya que no podemos imponérselas a otros ciudadanos o a los empleados públicos que concurrieron al Poder Judicial, en virtud de un digesto aprobado por ley.

Hasta la fecha se ha fallado sobre un total de 1.193 casos de actores que han pedido la intervención de Justicia y se estima que antes de fin de año llegarán a 3.000. Si bien la interpretación realizada limita la responsabilidad del Estado liberándolo de una fuerte responsabilidad patrimonial, el pago de las costas no va a ser tres pesos, va a haber un fuerte pago por parte del Estado, consecuencia de estos juicios.

Igual situación se presentó con el pedido de juicio político. Se trata de un hecho institucional trascendente que ocurrió el año pasado, como fue declarar la admisibilidad del juicio político, en virtud de una denuncia efectuada por un abogado particular contra los miembros del Superior Tribunal de Justicia.

Tal cometido se originó por una supuesta inaplicabilidad de la ley, que originaba la imposición a plazo fijo de los montos de depósitos judiciales paralizados por más de dos años, que el Digesto declaró de objeto cumplido.

Paradójicamente se dio admisibilidad a un juicio político, con el desgaste institucional y personal que eso significa, con la singularidad de que el hecho que lo motivó fue un error del Digesto y que, generalmente, se denuncian situaciones que producen perjuicio al erario público y, en este caso, el Superior Tribunal obró tratando que la Provincia utilizara recursos abandonados, de tal forma de poder contribuir a llevar adelante obras como el edificio de tribunales de la ciudad de Comodoro Rivadavia, tan requerido.

Lamentablemente, los intereses devengados, desde que se advirtió el error hasta que concluyó el proceso en la Sala de Acusar, se perdieron.

Esta situación amerita que los jueces, que deben conocer el derecho que aplican, junto con la consulta del Digesto, deben hacer un análisis histórico de las leyes para determinar cuál es el derecho aplicable, ya que en nuestro sistema, el juez debe, por el principio iuria novit curia, aportar el derecho, aun cuando no sea invocado o lo hagan erróneamente los litigantes.

Debo destacar, en el caso del Superior Tribunal de Justicia, la notable labor desarrollada por el equipo de la Secretaría Contencioso Administrativa que, en este aspecto, hicieron un trabajo de investigación que nos brindó información trascendente para decidir sobre una gran cantidad de demandas.

 

Reforma Procesal Civil

 

Hace doce años se remitió a esta Honorable Legislatura un anteproyecto de Código Procesal Civil, adaptado a las previsiones constitucionales de la reforma constitucional de 1994 y al avance que ha tenido el derecho en las últimas décadas; también, por cierto, a los experimentados por las ciencias y las tecnologías aplicables al proceso.

Pese a ello, no se ha logrado avanzar un ápice en su estudio y tratamiento. Siempre se le ha dado prioridad al sistema penal cuando, en realidad, se debería haber transitado en forma paralela, otorgando en todos los aspectos las máximas garantías al ciudadano. Aquellos que no tienen conflicto con la ley penal pero que por una razón material deben someter sus diferencias en el fuero civil, deben ser acreedores de los mismos beneficios.

De este modo, aún continuamos sometidos al oprobio de operar un Código Procesal Civil introducido por la dictadura del general Onganía en el año 1967. Se trata de un modelo secreto y “desesperadamente escrito” como decía el prestigioso profesor uruguayo, doctor Eduardo Juan Couture, respecto a este modelo de legislación.

En cuanto a la concepción ideológica del sistema, no voy a redundar ya que fue redactado durante una dictadura. Además, faltaban muchos años para que la Argentina accediera a una democracia plena y adoptara, con rango constitucional, los tratados de Derechos Humanos que dieron un giro copernicano al Derecho Procesal.

Fíjense que en el año 1967 no solamente estábamos en la dictadura, cuestión que, insisto, sino que no existía la informática; hoy, parte imprescindible en los procesos judiciales. No estaban, como dije, los tratados internacionales de Derechos Humanos que amplían y garantizan los derechos de los ciudadanos.

En el mes de agosto próximo tendrá vigencia el nuevo Código Civil. El nuevo Código Civil es un Código realmente de avanzada respecto a los derechos individuales. Nosotros, por ejemplo, estamos operando un Código que la única acción que tenía cuando había desavenencias conyugales era la separación personal, con deber de fidelidad, de convivencia, y hoy estamos hablando de matrimonio igualitario. Bueno, es una cantidad de cuestiones que introduce el nuevo Código Civil. Sin embargo, lo tenemos que operar; un Código que ni siquiera el vocabulario parejo tiene. Así se da con todas las instituciones.

Ahora estamos trabajando el tema de los dementes, por ejemplo, que ya no necesitan ser excluidos sino acompañados. Bueno, nuestro Código Civil, nuestro Código Procesal tiene un procedimiento del siglo XIX.

Pero, sin embargo, no todas las cuestiones son negativas, he dicho algunas, hay acciones positivas.

 

El Sistema Judicial Penal

 

En el Sistema Judicial Penal, el Poder Judicial opera un proceso acusatorio que cumple adecuadamente el mandato constitucional y que ha permitido avanzar de manera notable en la democratización y transparencia de los procesos criminales.

 

- Expresiones en las barras.

 

Quedan ya en el recuerdo y como pieza de museos los viejos expedientes escritos. La oralidad los va reemplazando, aportando transparencia y publicidad. La sociedad se encuentra en conocimiento del proceso desde el momento en que ocurre el hecho, cuando se juzga, en todas las instancias y aun en la generación de la pena.

Los resultados pueden o no satisfacer a unos y a otros, pero nadie puede afirmar que la resolución de una causa se lleva a cabo en forma secreta o a espaldas de la sociedad.

Igual concepto merece la Justicia de Familia, moderna y operada por jueces expertos, asistidos por equipos interdisciplinarios en una verdadera justicia de acompañamiento.

 

Administración Judicial

 

Se trata de una creación de suma importancia en la estructura del Poder Judicial que responde a una concepción moderna de conducción en virtud de los nuevos paradigmas de la organización, un nuevo modelo de gestión para nuevos mecanismos que permitan sostener y consolidar nuevos procedimientos.

El Administrador tiene por fin último separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas. El Juez debe estar en la sala de audiencias o en su despacho, exclusivamente en los juicios y elaborando sus sentencias; mientras que las Oficinas Judiciales se encargan de todas las tareas que no sean las que corresponden específicamente, por manda constitucional, al Juez.

Se está tratando de avanzar en la Justicia Civil, pero no se puede llevar adelante hasta tanto se sancione un nuevo Código Procesal en la materia.

Mientras tanto subsiste la asimetría de los dos sistemas, uno moderno, Penal y de Familia, con otro propio del siglo XIX para el proceso Civil, Comercial y Laboral.

 

La Justicia en la Comarca Andina

 

Esta composición de la Legislatura tuvo una decisión muy acertada cuando sancionó la Ley V n° 138, a través de la cual se creó el Juzgado de Lago Puelo.

Me tocó, por mandato de mi tribunal, realizar el estudio previo, su marco teórico y la observación de campo, como bien lo sabe el Intendente Iván Fernández y también el legislador Eduardo Daniel, quien acompañó este proceso aun antes de ser diputado provincial.

Ciertamente se trata de uno de los hechos cuya relevancia debe medirse por la posibilidad de acceso a la Justicia por parte de muchos ciudadanos, circunstancia hasta entonces muy dificultosa por las grandes distancias que unen a la región con la ciudad de Esquel -que era el tribunal más próximo-; además de la dureza del clima que en muchas ocasiones torna difícil el tránsito y desplazamiento en la zona.

Comprobamos en el lugar por ejemplo -les doy un ejemplo para que vean la importancia- que un justiciable tenía que viajar a Esquel para resolver una cuestión -esto se puede ver más dramáticamente en los temas de familia- y por el horario de los transportes que había -hay uno solo por día-, la persona tenía que viajar con sus hijos, con su problema, a Esquel y no podía volver el mismo día. Así que tenía que acudir a pedirle a los intendentes -que se portaron ciertamente muy bien- que le consiguieran un alojamiento, que lo ayudaran para poder acceder a la Justicia.

Considero que la actividad del juzgado y los organismos que sean creados en el futuro deben ser debidamente planificados y proveídos de recursos para llegar a una población fuertemente vulnerable, pues si bien existe una franja urbana organizada en Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila y El Maitén, la población rural, especialmente en la zona de Cushamen, Gualjaina y El Molle, entre otras, contiene gran parte de la población que merece nuestro cuidado y atención. Es una población altamente vulnerable.

Por ello necesitamos equipos interdisciplinarios, asistentes sociales, médicos, psicólogos, entre otros, y los medios que nos permitan estar en forma cercana a muchos de estos ciudadanos, imposibilitados muchas veces de acercarse al tribunal. Insisto, estos comprovincianos de estos lugares son altamente vulnerables y necesitan una tutela diferenciada del Estado.

 

Creación del Juzgado Laboral de Rawson

 

Recientemente se sancionó la Ley V n° 146, por la cual se creó un Juzgado Laboral en la ciudad de Rawson. Estimamos auspiciosa la creación de un nuevo órgano jurisdiccional en la capital provincial.

Sin embargo, se necesitarían leyes complementarias en razón a que, al no haberse aprobado el presupuesto de este Poder por tres años, la planta de personal carece de vacantes para ponerlo en vigencia, como así también de edificio; además, la mora no está justamente en el Fuero Laboral.

Es por ello que remitiremos un proyecto de ley ampliando la competencia para que ese juzgado contenga también a los fueros Civil, Comercial, Rural y de Minería, con lo cual, entre ambos Juzgados, el que actualmente existe y el otro que se cree, puedan subrogarse mutuamente, compartir edificio y personal, reduciendo notablemente el gasto y facilitando de esta manera la puesta en funcionamiento.

Asimismo, esta concentración responde a las modernas políticas de organización que este Poder Judicial está usando. Debo señalar que en el Superior Tribunal de Justicia existe una Secretaría de Planificación y Gestión -que dejamos a disposición de los señores diputados cuando quieran-, en la que están trabajando ingenieros, informáticos y expertos en estadística, que son altamente especializados para proyectar un nuevo sistema.

 

Proyecto de Ley de Tasa de Justicia

 

Una cuestión de importancia para el Superior Tribunal es la optimización de sus recursos propios, ya que con ellos es posible mejorar nuestra posición en relación con las inversiones que se deben realizar y el funcionamiento cotidiano del mismo.

Ante el actual panorama de restricciones, se ha decidido el envío a esta Cámara de Diputados de un proyecto de ley referido a un nuevo régimen de tasa jurídica.

En este sentido, y siguiendo algunos precedentes del Derecho Público Provincial, no se aumenta la alícuota de la tasa, sino que se asocia el tributo al JUS, creando un módulo específico, se clarifica la forma de cálculo de la base imponible, se genera un nuevo sistema de percepción y control de la misma, se amplía la responsabilidad de los representantes legales del Estado frente al cumplimiento de esta obligación y se aclara la cuestión de las excepciones al pago de la tasa judicial. En definitiva, se procura darle a la norma un sentido lógico y más justo.

Esta iniciativa, que pondremos a consideración de los señores diputados, es un componente importante de un proyecto que contempla además la puesta en vigencia de un régimen de facilidades de pago para los deudores actuales del tributo, una nueva ubicación institucional de la oficina de tasa de justicia y la paulatina creación de un cuerpo de ejecutores fiscales.

 

Edificio de Tribunales de Comodoro Rivadavia

 

Una mención particular merece el desarrollo de la obra de los tribunales de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Como se sabe, su financiación sufrió diversos percances desde el proceso de pesificación del año 2001, que todos conocemos. Pasaron muchos años sin aportes presupuestarios hasta el presente, en que se vio finalmente reactivada tan importante obra de infraestructura, sobre la que hemos comentado en abundancia en este recinto, que tantos beneficios traerá a la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Es importante encontrar el financiamiento para concluirla, ya que tiene un notable avance y es una injusticia notoria que la ciudad más importante de la Provincia no cuente con un edificio judicial propio, adecuado y funcional.

La finalización de esta obra no sólo aportará en lo edilicio y en lo urbanístico -son seis hectáreas de moderna urbanización-, sino que permitirá la devolución a la ciudad del histórico edificio que actualmente ocupa, además del consiguiente ahorro de importantes montos provenientes de alquileres.

El Poder Judicial aporta fondos propios procedentes de la Tasa de Justicia y de los intereses que generan los depósitos judiciales -paralizados- a los que hice referencia anteriormente cuando me referí al juicio político.

 

Magistrados y Funcionarios Judiciales

 

No puedo desconocer que en los últimos años se produjeron fuertes críticas respecto del trabajo llevado a cabo por magistrados y funcionarios, opinión que no me ha sido ajena en los años en que ejercí la abogacía e integré esta misma Cámara como diputado.

Estos quince años que llevo como miembro del Superior Tribunal de Justicia me han hecho reflexionar siguiendo la línea del célebre procesalista florentino, Piero Calamandrei, que sin haber ejercido la magistratura y luego de haber formulado severas críticas a los miembros de los Poderes Judiciales escribió un libro fundamental que se llamó “Elogio a los jueces escrito por un abogado”.

Este jurista, político y periodista italiano está considerado como uno de los padres de la Constitución de la Italia moderna del año 1948, la Italia posfascista, y su obra aún goza de plena vigencia.

Asimismo, se ha criticado en nuestro sistema que los jueces tenemos una legitimación débil, ya que es considerada como de segundo grado a la que se legitima por esta Honorable Legislatura a través de los acuerdos.

Sin embargo, y sin entrar a analizar tan lábil argumento, debo manifestar que los jueces, fiscales y defensores tienen un difícil y calificado ingreso a la función, que surge de la propia Constitución, ya que deben poseer título universitario, una determinada antigüedad en el ejercicio de la abogacía o de la actividad jurisdiccional, superar el concurso ante el Consejo de la Magistratura -que es sumamente riguroso- y obtener el acuerdo de la Legislatura.

En el caso del Superior Tribunal, tanto como el Procurador General o el Defensor General, además de una considerable antigüedad, se debe obtener el acuerdo de esta Cámara con el voto de dos tercios de ustedes, señores diputados.

Esta compleja legitimación se debe conservar durante todo el tiempo que dure la carrera, ya que el conocimiento del Derecho es una cuestión ineludible y de carácter permanente para ejercer la función y su desconocimiento es causal de remoción.

El Poder Judicial es el Poder mayormente controlado. Sus sentencias son revisadas por otros jueces mediante los procesos recursivos y reciben comentarios de la prensa, a veces justos, otras veces injustos, con el agravante de que es muy difícil que un juez pueda salir a defender sus decisiones.

Los controles políticos se ejercen respecto de ellos en forma concreta y, a veces, deben someterse a investigaciones de esta Legislatura para un eventual juicio político, en el caso de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, como en el de los titulares de la Defensa y la Procuración.

Asimismo, los magistrados de la primera y segunda instancia son evaluados a los tres años de su ingreso por el Consejo de la Magistratura, y es habitual la constitución del Tribunal de Enjuiciamiento para juzgar su conducta, que muchas veces concluye con su destitución.

Éste es el único Poder del Estado que efectivamente está controlado. La única vez que se realizó un juzgamiento a un miembro del Poder Ejecutivo fue el juicio político a un Gobernador, el escribano Roque González, a quien la historia parecería que reivindica y dice que fue injusto, pero esto fue hace cincuenta años y, conforme a mi conocimiento, nunca un diputado fue apartado de su cargo por incumplimiento de sus funciones.

Esta defensa de la labor de los magistrados no es corporativa ya que no soy juez de la carrera judicial, pero hay una realidad que no puedo desconocer y es la siguiente: no es fácil ser juez, fiscal o defensor público; no sólo por la complejidad de las materias a resolver, sino que la actividad se realiza en el marco de una gran presión social, que he vivido y no puedo dejar de señalar.

Señores diputados, como cierre de mi informe debo ratificar que habiendo pasado más de quince años en el ejercicio del cargo de Ministro de este Superior Tribunal de Justicia, siento realizada mi vocación de independencia e imparcialidad.

 

- Expresiones en las barras.

 

Nunca he cedido ante presiones de cualquier sector, sean estos políticos o de la sociedad.

 

- Expresiones en las barras.

 

He ejercido con transparencia y he decidido en mis sentencias lo que la ley, la razón y la ciencia del Derecho me marcaron.

En igual sentido he procedido con mis posiciones y opiniones públicas, que aunque a veces me trajeron muchos problemas, nunca callé ni he falseado argumentos para simpatizar con los gobiernos de turno.

 

- Expresiones en las barras.

 

Por último, algo que considero central, que podemos y debemos corregir todos: la falta de diálogo y colaboración entre los Poderes -que ya he mencionado puntualmente-.

 

- Expresiones en las barras.

 

Es necesario poder convenir la cifra de un presupuesto o la corrección de leyes equivocadas, que sabemos con certeza que perjudicarán al Estado, que en definitiva somos todos.

Estaré a disposición, como siempre lo he estado, para hacerlo en cualquier momento.

Muchas gracias.

 

- Expresiones en las barras.

- Aplausos.

 

- III -

CIERRE DE LA SESIÓN

 

  1. PRESIDENTE (Mac Karthy): Finalizado el mensaje del doctor Pasutti y, habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, damos por finalizada la misma.

 

- Eran las 10:15.

 

 

 

Edgar Lloyd Jones

Director

Cuerpo de Taquígrafos

Honorable Legislatura

Provincia del Chubut

 

 

 

Honorable Legislatura del Chubut || Ciudad de Rawson - Provincia del Chubut || Mitre 550 Tel. +54 0280 4484448