HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT
Mitre 550 Rawson - Pcia. del Chubut

V-81

 



LEY V - Nº 81
(Antes Ley 4518)


Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut la Defensoría del Pueblo, la cual ejerce las funciones que establece la presente ley, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
El objetivo fundamental de esta institución es el de proteger los derechos e intereses de los individuos y de la sociedad frente a los actos, hechos y omisiones de la Administración Pública Provincial y de las empresas prestatarias de servicios públicos con actuación en el territorio de la Provincia mediante concesiones otorgadas por autoridades nacionales, provinciales o municipales, tal como se establece en el Artículo N° 14 de la presente ley.

Artículo 2°.- Es titular de la Defensoría del Pueblo un funcionario denominado Defensor del Pueblo, quien es elegido por la Honorable Legislatura de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) La Honorable Legislatura debe elegir una comisión permanente integrada por siete (7) miembros de la misma, cuya composición debe mantener la proporción de la representación del cuerpo;

b) La comisión a la que alude el inciso anterior debe proponer a la Honorable Legislatura tres (3) candidatos para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo, adoptándose la decisión de la comisión por simple mayoría;

c) Dentro de los treinta (30) días siguientes al pronunciamiento de la comisión, la Honorable Legislatura elige por mayoría absoluta a uno de los candidatos propuestos;

d) Si en la primera votación ningún candidato obtiene la mayoría requerida en el inciso anterior, debe repetirse la votación hasta alcanzarse;

e) Si se diera el supuesto del inciso d), las nuevas votaciones se deben hacer sobre los dos candidatos mas votados en ella.

Artículo 3°.- La duración del mandato del Defensor del Pueblo es de cinco (5) años, pudiendo ser reelegido por una sola vez según el procedimiento establecido en el artículo anterior.

Artículo 4°.- Puede ser elegido Defensor del Pueblo toda persona que reúna las siguientes cualidades:

a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado con diez (10) años como mínimo en el ejercicio de la ciudadanía;

b) Acreditar diez (10) años de residencia inmediata en la Provincia del Chubut;

c) Tener como mínimo treinta (30) años de edad.

Artículo 5°.- El nombramiento del Defensor del Pueblo se instrumenta mediante resolución del Presidente de la Honorable Legislatura, la que debe publicarse en el Boletín Oficial.
El Defensor del Pueblo toma posesión de su cargo ante el Presidente de la Honorable Legislatura, con intervención del Escribano General de Gobierno, prestando juramento de desempeñar debidamente el cargo.

Artículo 6°.- La remuneración del Defensor del Pueblo será fijada mediante acto resolutivo de la Honorable Legislatura.

Artículo 7°.- El cargo de Defensor del Pueblo es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional, así como docente en establecimientos públicos o privados sujetos a la jurisdicción provincial; estándole vedadas asimismo la actividad política partidaria y la participación en entidades civiles sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales.
La incompatibilidad para acceder a cargos electivos subsiste durante los dos (2) años posteriores al cese de las funciones.
Son de aplicación al Defensor del Pueblo, en lo pertinente, las normas en materia de recusación y excusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chubut.

Artículo 8°.- Dentro de los diez (10) días siguientes a su nombramiento, y antes de tomar posesión del cargo, el Defensor del Pueblo debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo presumiéndose, en caso contrario, que no acepta el nombramiento.

Artículo 9°.- La actividad de la Defensoría del Pueblo no se interrumpe en el período de receso de la Honorable Legislatura.

Artículo 10.- El Defensor del Pueblo cesa en sus funciones por alguna de las siguientes causales:

a) Por renuncia;

b) Por vencimiento del plazo de su mandato;

c) Por incapacidad sobreviniente;

d) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso;

e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista en el Artículo 7° de esta ley.

Artículo 11.- En los supuestos previstos en los incisos a) y d) del artículo anterior, el cese será dispuesto por el presidente de la Honorable Legislatura.
En los supuestos previstos por los incisos c) y e) del mismo artículo el cese lo decide la Honorable Legislatura con el voto de los dos tercios de los miembros presentes en la sesión, previo debate y audiencia del interesado. En el caso del inciso c) la incapacidad sobreviniente deberá acreditarse de modo fehaciente.
En caso de muerte del Defensor del Pueblo se debe proceder a su reemplazo provisional según las normas establecidas en el Artículo 13 de esta ley, promoviéndose en el mas breve plazo la designación del titular en la forma prevista en el Artículo 2º.

Artículo 12.- El Defensor del Pueblo gozará de las inmunidades establecidas por la Constitución del Chubut para los miembros de la Honorable Legislatura. No puede ser arrestado desde el día de su designación hasta el de su cese o suspensión, excepto en el caso de ser sorprendido “in fraganti” en la comisión de un delito doloso, de lo que se debe dar cuenta al presidente de la Honorable Legislatura con la información sumaria del hecho.
Cuando se dicte auto de procesamiento por la justicia competente contra el Defensor del Pueblo por delito doloso, puede ser suspendido en sus funciones por la Honorable Legislatura.

Artículo 13.- La Defensoría del Pueblo contará con dos (2) funcionarios denominados Defensor del Pueblo Adjunto, actuando uno en la ciudad de Comodoro Rivadavia y otro en la ciudad de Esquel. El titular de la Defensoría del Pueblo podrá delegar en ellos sus funciones y estos lo sustituirán en los supuestos de imposibilidad temporal o definitiva y en los casos de recusación y excusación.
Los adjuntos serán designados por acuerdo legislativo a propuesta del Titular de la Defensoría del Pueblo.
Para ser designado Defensor del Pueblo Adjunto, son requisitos los previstos en el artículo 4° de la presente Ley.
A los Defensores del Pueblo Adjuntos, le son de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 3°, 5°, 7°, 10 y 11 de la presente Ley.
La remuneración de los Defensores del Pueblo Adjuntos, será fijada mediante acto resolutivo de la Honorable Legislatura.

Artículo 14.- El Defensor del Pueblo debe iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública provincial, sus agentes y de las empresas concesionarias de servicios públicos aludidas en el Artículo 1° de esta Ley, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones y/o prestaciones, incluyendo aquellos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos.
Los legisladores podrán recibir quejas de los interesados, de las cuales darán traslado inmediato al Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal.

Artículo 15.- El Defensor del Pueblo sin perjuicio de las facultades previstas por el Artículo 14 de la presente ley, debe prestar especial atención, a aquellos comportamientos que denoten una falla sistemática y general de la Administración Pública, procurando prever los mecanismos que permitan eliminar o disminuir dicho carácter.

Artículo 16.- Dentro del concepto de Administración Pública Provincial, a los efectos de la presente ley, quedan comprendidas la administración centralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades de economía mixta, sociedades con participación estatal mayoritaria y todo otro organismo del Estado provincial, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, denominación y Ley especial que pudiera regirlo.
Quedan exceptuados del ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo de la Provincia.

Artículo 17.- Quedan comprendidas dentro de la competencia de la Defensoría del Pueblo, las personas jurídicas públicas no estatales que ejerzan prerrogativas públicas y las privadas prestadoras de servicios públicos. En este caso, y sin perjuicio de las restantes facultades otorgadas por esta Ley, el Defensor del Pueblo puede instar de las autoridades administrativas competentes el ejercicio de las facultades otorgadas por ley.

Artículo 18.- Puede dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona física o jurídica que se considere afectada por los actos, hechos u omisiones previstas en el Artículo 14. No constituye impedimento para ello la nacionalidad, residencia, internación en centro penitenciario o de reclusión y, en general, cualquier relación de dependencia con el Estado.

Artículo 19.- Toda queja se debe presentar en forma escrita y firmada por el interesado, con indicación de su nombre, apellido y domicilio en el plazo máximo de un año calendario, contado a partir del momento en que ocurriere el acto, hecho u omisión motivo de la misma, o que llegare a su conocimiento dicha circunstancia.
No se requiere al interesado el cumplimiento de otra formalidad para presentar la queja.
Todas las actuaciones ante el Defensor del Pueblo son gratuitas para el interesado, quien no está obligado a actuar con patrocinio letrado.

Artículo 20.- Si la queja se formula contra personas, actos, hechos y omisiones que no está bajo la competencia del Defensor del Pueblo, o si se formula fuera del término previsto por el Artículo 19, el Defensor del Pueblo está facultado para derivar la queja a la autoridad competente informando de tal circunstancia al interesado.

Artículo 21.- El Defensor del Pueblo no debe dar curso a las quejas en los siguientes casos:

a) Cuando advierta mala fe, carencia de fundamentos, inexistencia de pretensión o fundamento fútil o trivial;

b) Cuando, respecto de la cuestión planteada, se encuentre pendiente resolución administrativa o judicial.

Puede rechazar también aquellas quejas cuya tramitación cause perjuicio al legítimo derecho de tercera persona.
Si iniciada la actuación se interpusiese por persona interesada recurso administrativo o acción judicial, el Defensor del Pueblo debe suspender su intervención.
Ninguno de los supuestos previstos por el presente artículo impide la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas. En todos los casos se comunicará al interesado la resolución adoptada.

Artículo 22.- Las decisiones sobre admisibilidad de las quejas presentadas son irrecurribles.
La queja no interrumpe los plazos para interponer los recursos administrativos o acciones judiciales previstos por el ordenamiento jurídico.

Artículo 23.- Admitida la queja, el Defensor del Pueblo debe promover la investigación sumaria, en la forma que establezca la reglamentación, para el esclarecimiento de los supuestos de aquella. En todos los casos debe dar cuenta de su contenido al organismo o entidad pertinente, a fin de que por intermedio de autoridad responsable y en el plazo máximo de treinta (30) días se remita informe escrito.
Tal plazo puede ser ampliado hasta un máximo de sesenta (60) días cuando concurran circunstancias que lo aconsejen a juicio del Defensor del Pueblo.
Respondida la requisitoria, si las razones alegadas por el informante fueren justificadas a criterio del Defensor del Pueblo, éste dará por concluida la actuación comunicando al interesado la circunstancia.

Artículo 24.- Todos los organismos públicos, personas físicas o jurídicas públicas o privadas están obligadas a prestar colaboración, con carácter preferente a la Defensoría del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones.
A esos efectos el Defensor del Pueblo o su adjunto están facultados para:

a) Solicitar expedientes, informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que, a su juicio, estime útil a los efectos de la fiscalización, dentro del término que se fije. No se puede oponer disposición alguna que establezca el secreto de lo requerido;

b)     Realizar inspecciones, verificaciones y en general, toda otra medida probatoria conducente al esclarecimiento de la investigación.

Artículo 25.- Todo aquel que impida la efectivización de una denuncia ante el Defensor del Pueblo u obstaculice las investigaciones a su cargo, mediante la negativa al envío de los informes requeridos o impida el acceso a expedientes o documentación necesaria para el curso de la investigación, incurre en el delito de desobediencia que prevé el Artículo 239 del Código Penal. El Defensor del Pueblo debe dar traslado de los antecedentes respectivos al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes.
La persistencia en una actitud entorpecedora de la labor de investigación de la Defensoría del Pueblo, por parte de cualquier organismo o autoridad administrativa, puede ser objeto de un informe especial cuando justificadas razones así lo requieran, además de destacarla en la sección correspondiente del informe anual previsto en el Artículo 31 de la presente Ley.
El Defensor del Pueblo puede requerir la intervención de la justicia para obtener la remisión de la documentación que le hubiera sido negada por cualquier institución pública o privada.

Artículo 26.- Cuando el Defensor del Pueblo, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimientos de hechos presumiblemente delictivos de acción pública, los debe comunicar de inmediato al Procurador General de la Provincia. Este deberá informar, en cualquier caso y de manera periódica al Defensor del Pueblo, o cuando éste lo solicite, el estado en que se hallan las actuaciones promovidas por su intermedio.

Artículo 27.- El Defensor del Pueblo no es competente para modificar, sustituir o dejar sin efecto las decisiones administrativas. Sin perjuicio de ello, puede proponer la modificación de los criterios utilizados para su producción.
Si como consecuencia de sus investigaciones llega al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de una norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, puede proponer al Poder Legislativo o a la Administración Pública la modificación de la misma.

Artículo 28.- El Defensor del Pueblo puede formular con motivo de sus investigaciones advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y funcionales y propuestas para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, los responsables están obligados a responder por escrito en el término máximo de un mes.
Si formuladas las recomendaciones, dentro de un plazo razonable no se produce una medida adecuada en tal sentido por la autoridad administrativa afectada o ésta no informe al Defensor del Pueblo de las razones que estime para no adoptarlas, éste puede poner en conocimiento del ministro del área, o de la máxima autoridad de la entidad involucrada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones propuestas.
Si tampoco así obtiene una justificación adecuada, debe incluir tal asunto en su informe anual o especial, con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud.

Artículo 29.- El Defensor del Pueblo debe comunicar al interesado el resultado de sus investigaciones y gestiones así como la respuesta que hubiese dado el organismo o funcionarios implicados.
Asimismo, debe poner en conocimiento de la justicia, en los casos que corresponda, los resultados de sus investigaciones en los organismos sometidos a su control.

Artículo 30.- La Comisión Legislativa prevista en el Inciso a) del Artículo 2º de la presente Ley, es la encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar a la Honorable Legislatura en cuantas ocasiones sea necesario.

Artículo 31.- El Defensor del Pueblo da cuenta anualmente a la Honorable Legislatura, mediante un informe escrito, de la labor realizada; el que debe ser presentado antes del treinta y uno (31) de marzo de cada año.
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejan puede presentar un informe especial ante la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia
Los informes anuales y, en su caso, los especiales, serán publicados en el Boletín Oficial y en el Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura y la copia de los informes mencionados será enviada para su conocimiento al Poder Ejecutivo.

Artículo 32.- El Defensor del Pueblo en su informe anual da cuenta del número y tipo de quejas presentadas, de aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y el resultado de las mismas.
En el informe no deben constar datos personales que permitan la pública identificación de los interesados en el procedimiento investigador, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 26. El informe debe contener un anexo, cuyo destinatario será la Honorable Legislatura, en el que se debe hacer constar la rendición de cuenta del presupuesto de la institución en el período que corresponda.
En el informe anual, el Defensor del Pueblo puede proponer a la Honorable Legislatura, las modificaciones a la presente Ley que resulten de su aplicación para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Artículo 33.- Para cubrir todos los cargos de funcionarios y empleados de la Defensoría, el Defensor del Pueblo debe proponer al Presidente de la Honorable Legislatura las correspondientes designaciones o asignaciones de personal que reviste con anterioridad en la planta permanente o transitoria.

Artículo 34.- El reglamento Interno de la Defensoría del Pueblo debe ser dictado por su titular y aprobado por la comisión prevista en el inciso a) del Artículo 2º de la presente Ley.

Artículo 35.- Salvo disposición expresa en contrario los plazos previstos en esta Ley se deben contar en días hábiles administrativos.

Artículo 36.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.


LEY V - N° 81 (Antes Ley 4518) TABLA DE ANTECEDENTES      
Artículo del Texto Definitivo     Fuente     
1     Texto original      
2     Texto original (En el inc. b) se suprime la primera frase por caducidad por vencimiento de plazo.)      
3/5     Texto original      
6     Ley 5523 Art. 1     
7/12     Texto original     
13     Ley 5523 Art. 2     
14/30     Texto Original     
31     Ley 4983 Art. 1     
32     Texto Original     
33     Texto original (Se suprime primer párrafo por caducidad por vencimiento de plazo).      
34/36     Texto original     
     Artículo Suprimido: anterior art. 36 (caducidad por vencimiento de plazo)     


LEY V - N° 81 (Antes Ley 4518) TABLA DE EQUIVALENCIAS      
Número de artículo del Texto Definitivo     Número de artículo del Texto de Referencia (Ley 4518)     Observaciones     
1/35     1/35          
36     37